La nueva ITC AEM 1, vigente desde julio de 2024, no obliga a cambiar el ascensor de inmediato. Lo que establece es un calendario hasta 2031 para adaptar los aparatos ya instalados y una inspección periódica cada cuatro años, pero solo en edificios de más de 20 viviendas o con más de cuatro plantas servidas. Si su finca en Alicante, Elche o Torrevieja no supera esos umbrales, la norma no le aplica esa revisión obligatoria por ahora.
Antes de aceptar ofertas apresuradas, conviene saber exactamente qué toca. La normativa exige poner al día lo existente, no instalar equipos donde no los hay. En comunidades grandes, como los bloques del boom del calzado en Elda o los rascacielos de Benidorm, la periodicidad llega pronto; en edificios pequeños, quizás nunca bajo este esquema estricto. ELEVACAT ayuda a comparar propuestas de instaladores locales sin montar nada, para que decida con datos reales sobre qué medidas afectan a su aparato concreto.
La nueva ITC AEM 1 pone al día los ascensores que ya existen
El Real Decreto 355/2024, vigente desde el 1 de julio de 2024, actualiza la ITC AEM 1 para los ascensores. La duda más frecuente es si obliga a instalar un aparato donde no lo hay; la respuesta es clara: no. Esta norma se centra en poner al día las máquinas que ya funcionan en nuestros edificios, sin exigir obras nuevas si no existen.
Hay que distinguir entre los aparatos comercializados antes de esa fecha y los que se instalan ahora. Los primeros deben adaptarse a las nuevas medidas de seguridad recogidas en su anexo VII antes del 1 de julio de 2031. Además, se establece una inspección periódica cada cuatro años en comunidades con más de veinte viviendas o más de cuatro plantas servidas.
En Alicante, esto afecta tanto a los bloques históricos como a los recientes. Un organismo autorizado realiza estas revisiones. Si tu comunidad necesita comparar ofertas para cumplir estos plazos, aquí te ayudamos a organizar las propuestas de instaladores locales, aunque no ejecutamos nosotros mismos las obras ni montamos los equipos.
Las medidas del anexo VII sobre un aparato de los setenta del Vinalopó
El anexo VII del Real Decreto 355/2024 fija las mejoras obligatorias para los ascensores ya instalados, con un plazo máximo hasta el 1 de julio de 2031. En los bloques de Elda, Petrer o Villena levantados durante el boom del calzado en los setenta, esto afecta directamente a elementos básicos que hoy no cumplen la norma. No se trata de sustituir todo el aparato, sino de adaptarlo para seguir siendo seguro y legal.
Al revisar estos equipos antiguos, suelen aparecer deficiencias concretas. Las puertas de cabina pueden carecer de cierres eléctricos adecuados o bordes sensibles. La precisión de parada entre pisos suele desviarse más de lo permitido. La iluminación de emergencia dentro de la cabina puede estar ausente o ser insuficiente. Además, muchos carecen del sistema de comunicación bidireccional obligatorio para contactar con el servicio de mantenimiento desde el interior.
Esta lista de comprobación sirve para valorar qué actuaciones exige la inspección periódica. La normativa no obliga a poner ascensor donde no hay, pero sí a actualizar los existentes. Si tu comunidad necesita comparar propuestas de empresas instaladoras de la provincia para asumir estas adaptaciones, aquí reunimos ofertas reales sin intermediarios técnicos propios.
El tamaño del edificio decide si el ascensor pasa por el organismo de control
La normativa que entró en vigor el 1 de julio de 2024 marca una frontera clara según la envergadura del inmueble. Solo los edificios con más de 20 viviendas o más de 4 plantas servidas están obligados a pasar inspección periódica cada cuatro años, un trámite que ejecuta exclusivamente un organismo de control autorizado. Esto afecta directamente al parque vertical denso de municipios como Benidorm, donde la concentración de rascacielos y bloques altos hace que esta revisión sea rutinaria para muchas comunidades vecinas.
Sin embargo, gran parte del tejido residencial de la provincia queda fuera de esa periodicidad por no alcanzar esos umbrales. En localidades como Elche o Alcoi, muchos portales históricos y bloques de menor altura no entran en ese ciclo cuatrienal de control externo. Pero ojo, estar exento de la inspección del organismo no significa tener el aparato libre de obligaciones. Las medidas correctivas exigidas por el anexo VII siguen siendo imperativas para todos los ascensores ya instalados, independientemente de su tamaño, y deben aplicarse antes del 1 de julio de 2031.
Repartir la adecuación del ascensor en varios años hasta 2031
La norma que obliga a adaptar los ascensores antiguos, el Real Decreto 355/2024, fija el 1 de julio de 2031 como fecha límite. Tener siete años por delante es una ventaja: permite ordenar las actuaciones según la urgencia real de cada aparato y repartir el coste en varios ejercicios económicos. Así se evita esa derrama sorpresa que pone en jaque la tesorería del portal en Alicante o Elche, integrando las obras en el presupuesto ordinario anual. Es mejor planificar con calma que improvisar cuando venza el plazo.
Ese calendario debe quedar negro sobre blanco en el acta de la junta. No vale un compromiso verbal; hay que reflejar qué mejoras se ejecutarán este año y cuáles para después. Para redactarlo bien, conviene pedir a la empresa conservadora habilitada que emita un informe técnico detallado. Ese documento desglosa qué componentes necesitan sustitución inmediata para cumplir la ITC AEM 1 y cuáles pueden esperar. Con sus datos, la comunidad decide sin adivinanzas, priorizando la seguridad frente al gasto innecesario hoy.
Lo que una comunidad de Elche puede pedir a su conservadora para situarse
La conservadora del aparato está obligada a entregar, por escrito y sin rodeos, tres documentos concretos: un informe técnico sobre el estado real del ascensor frente a las medidas exigibles por el Real Decreto 355/2024, un listado detallado de actuaciones pendientes con su plazo de ejecución y un presupuesto desglosado por partidas. No basta con una factura global; la comunidad necesita saber exactamente qué se paga y qué queda por hacer antes de que venza el calendario normativo para los edificios ya construidos.
Ese informe tiene una doble utilidad práctica en Elche y alrededores. Al tener la fotografía técnica y económica del trabajo pendiente, la comunidad puede pedir ofertas a otras empresas instaladoras de la provincia sobre esa misma base, comparando manzanas con manzanas y no presupuestos inventados desde cero. Así se evita que cada proveedor proponga soluciones distintas según le convenga, nivelando el campo de juego para decidir mejor.
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